La Procuraduría se opuso a que una Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se refiriera a la complicidad del Estado en la conformación y operación de grupos paramilitares. El organismo de control optó por solicitar la nulidad de todo lo actuado en la sentencia contra Salvatore Mancuso, por considerar que el operador no era competente para hacer esta referencia y que llegó a las conclusiones sin fundamentos probatorios. Subsidiariamente, el Ministerio Público solicitó que se revoquen estas acepciones, ya que si bien reconoce la complicidad de algunos agentes estatales en la propagación del fenómeno paramilitar, considera que no es viable establecer la responsabilidad estatal en este escenario, donde se define la culpabilidad penal individualmente considerada.