La Procuraduría le notificó al presidente Juan Manuel Santos la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pese a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concedió medidas cautelares frente a la ejecución de dicha sanción. El Ministerio Público envió copia del fallo de única instancia, la providencia en la que negó su reposición y el edicto en el que comunicó el sentido de su determinación. Así, el jefe de Estado deberá definir si atiende las determinaciones de los jueces internos o si acata las medidas de la CIDH, que suspenden provisionalmente sus efectos.