Procuraduría defiende principios de macrocriminalidad y priorización en Justicia y Paz (9:50 a.m.)

La Procuraduría defendió la macrocriminalidad y la priorización de casos asumida como principio estructural que rige las actuaciones penales propias de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, al solicitarle a la Corte Constitucional que declare exequibles las normas en las que se desarrollan tales conceptos (artículos 2, 5A, 6, 11A, 11C, 11D, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17B, 17C, 18, 18A, 18B, 22, 23, 23A, 25, 26, 44, 46, 46A, 46B, 54 y 72 de la Ley 975 del 2005, además de los comprendidos entre el artículo 38 y el 41 de la Ley 1592 del 2012). Para el Ministerio Público, dicha priorización no solo no afecta los derechos de las víctimas sino que constituye un mecanismo propio de la justicia transicional, que pretende alcanzar el bien superior de la paz, sin contrariar garantías fundamentales. En esta ocasión, el organismo de control consideró que estos conceptos sí son respetuosos de los compromisos internacionales asumidos por Colombia y sí se acogen al ordenamiento constitucional interno, en tanto permiten a la Fiscalía y a la justicia penal darle prelación a los delitos de mayor trascendencia social, como otras autoridades jurídicas lo hacen. Para esta oportunidad, concluyó que “en forma alguna debe entenderse como una renuncia definitiva e incondicionada a todos los casos o hechos que no sean seleccionados como prioritarios”; a su juicio, no es excesivo permitir que la autoridad “concentre la investigación penal en los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. La ponencia será proyectada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.