El procurador Alejandro Ordóñez reconoció la facultad del Consejo de Estado para revocar o modificar fallos disciplinarios que hayan sido proferidos por el Ministerio Público, tras la decisión de la máxima instancia contenciosa de anular la destitución que el organismo de control le había impuesto al exalcalde de Medellín Alonso Salazar. Precisamente, la providencia destaca la necesidad que tuvo la Sección Segunda de reforzar su posición jurisprudencial en torno al control pleno y sin restricciones que debe ejercer la jurisdicción frente a ese tipo de actuaciones administrativas. Esa tesis, que ha sido reiterada en numerosas y recientes sentencias, reprocha los pronunciamientos de la Procuraduría en tales casos concretos, pues esta ha manifestado que ese control de legalidad es apenas formal. Sin embargo, en esta oportunidad el jefe del Ministerio Público resaltó las potestades defendidas por el Consejo de Estado, admitiendo que las determinaciones de ese alto tribunal están basadas en la aplicación del ordenamiento jurídico vigente.