El alto tribunal recordó que si bien las conductas orientadas a proteger el espacio público tienen el carácter de legítimas y la función de regular su uso corresponde a una verdadera necesidad colectiva, el ejercicio de esta potestad debe guardar armonía y cumplir con otros mandatos constitucionales. Según explicó la providencia, al momento de diseñar y ejecutar las políticas, programas y medidas de recuperación del espacio público, las autoridades competentes tienen el deber constitucional de estudiar la situación de los ocupantes del espacio público “con toda la diligencia, prolijidad y sensibilidad social”. Para el caso estudiado, se reiteró que el desalojo de vendedores informales del espacio público debe contar, previamente, con un proceso judicial o policivo que lo autorice, así como implementar políticas públicas que garanticen su reubicación (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza).