La Procuraduría le sugirió a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma mediante la cual se aprobó la adhesión del Estado colombiano al Convenio sobre trabajo decente para quienes laboran en tareas domésticas (Ley 1595 del 2012). Esta disposición, surgida en el seno de la OIT, pretende ofrecer ciertas garantías de protección en materia de seguridad social para estos trabajadores. Para el Ministerio Público, la disposición se ajusta a los compromisos de la institucionalidad en la materia, entre otras cosas, porque la Ley 1610 del 2013 confiere funciones de control y vigilancia a los inspectores de trabajo y seguridad social, de acuerdo a convenios internacionales avalados por la OIT. La ponencia le correspondió al magistrado Luis Ernesto Vargas.