La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que impide interponer recursos contra el auto de pruebas (artículo 40 parcial de la Ley 1437 del 2011). Según el Ministerio Público, la expedición de este tipo de normas se cuenta dentro del ámbito de configuración que le compete al legislador, por cuanto evita que se entorpezca el normal desarrollo de procesos de esta naturaleza, garantizando principios de economía, celeridad y eficacia. Según el concepto, la disposición no es desproporcionada frente al derecho al ejercicio de la defensa y contradicción, debido a que el administrado cuenta con otros mecanismos, como el de solicitar, aportar y practicar pruebas sin requisitos especiales, hasta antes de que se profiera el acto definitivo.