La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare ajustada a la Carta Política de 1991 la adhesión de Colombia a la Convención sobre municiones en racimo, que pretende la destrucción de los artefactos diseñados para liberar “submuniciones” explosivas. El Ministerio Público resaltó que el tratado busca que los Estados miembros se comprometan a destruir y vetar el uso de este tipo de armas, debido a su alto poder destructivo y a los efectos nocivos que causa en el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades. Dados sus propósitos humanitarios y su correcto trámite de aprobación en el Congreso, sostiene el organismo de control, la iniciativa debe ser declarada constitucional. La ponencia será presentada próximamente por el magistrado Alberto Rojas.