La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló los actos administrativos disciplinarios que destituyeron e inhabilitaron a una empleada pública civil del Ministerio de Defensa. Según la sentencia, el manejo irregular de la estructura de cargos del personal civil es contrario a la Constitución, a la ley y a los reglamentos aplicables. En este contexto, el alto tribunal decidió llamar la atención del jefe de la cartera para que examine las decisiones de vinculación, traslado, reasignación de funciones y desvinculación del personal civil, pues en el caso en estudio a la funcionaria la transfirieron a un cargo “formalmente inexistente” y sin atribución previa de funciones, a pesar de estar amparada por fuero sindical (C. P. Gustavo Gómez Aranguren).