Teniendo en cuenta que durante la primera instancia le fue concedido al demandante el amparo de pobreza, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que la suma por concepto de gastos periciales debía ser cancelada por el demandado, a pesar de que el demandante fue quien la solicitó. A juicio del alto tribunal, de acuerdo con el artículo del 214 del Código Contencioso Administrativo, se puede ordenar la práctica de pruebas en segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia. En el caso, el juez había decretado la prueba pericial, pero no fue practicada porque la entidad pública demandada no canceló los gastos de la pericia ordenada (C. P. Mauricio Fajardo Gómez).