El Consejo de Estado sostuvo que la reparación no solo debe ser entendida como un instrumento jurídico correctivo sino como una oportunidad para superar situaciones de exclusión y desigualdad, que pudieron cimentar la crisis humanitaria que han vivido los sectores más vulnerables en el marco del conflicto; según la providencia, en esos términos se daría la transformación democrática de la sociedad, que debe perseguir una herramienta como esta. Esto a propósito de una reparación directa que concedió el alto tribunal a los familiares de cinco campesinos muertos en la llamada masacre de Pichilín (Sucre), en 1996, donde paramilitares asesinaron a 14 personas, según la Sección Tercera, en complicidad con integrantes de la fuerza pública. En la sentencia, en la que se ordena un resarcimiento por $ 3.000 millones, se indica el deber de la administración de eliminar todas las circunstancias que convirtieron a las víctimas en blanco propicio de los violentos, lo que supone la necesidad de reconstruir el entorno individual del afectado, incluyendo también a quienes integran estos escenarios próximos al día a día de los demandantes en este tipo de casos. Esto exige la recuperación de sus proyectos de vida, su recuperación emocional, la modificación de las situaciones de exclusión que lo convirtieron en blanco, entre otros aspectos de similar naturaleza (C. P. Enrique Gil).