Al encontrar que en un proceso por falsedad en documento privado y estafa asignado a una juez penal en el 2004 solo se llevó a cabo la audiencia pública de juzgamiento en el 2009, el Consejo Superior de la Judicatura decidió sancionar a la funcionaria judicial con suspensión del cargo. Para la Sala Disciplinaria, este trámite negligente ocasiona graves perjuicios para la administración de justicia y desconoce los principios de celeridad y eficiencia. La carga laboral de los despachos judiciales no justifica la conducta negligente, advirtió.