No se explica por qué la función que le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial refleja ausencia de medidas gerenciales que conjuren una gestión antieconómica y, en consecuencia, un detrimento patrimonial. Así lo afirma la Contraloría General de la República en un oficio dirigido a Ricardo Monroy Church, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Según el oficio, existen inconsistencias contables de la Rama Judicial que superan los $ 2 billones. Además, informa de un incremento inusitado de los gastos, que supera los $ 13.000 millones, para descongestión judicial y para la implementación del Código Contencioso Administrativo.