Hacer inversiones en una entidad que está a punto de ser intervenida constituye un acto negligente e imprudente que genera responsabilidad fiscal (11:45 a.m.)

La Contraloría General de la República tiene atribuciones constitucionales y legales para vigilar la gestión fiscal de entidades públicas y determinar si se generan detrimentos patrimoniales en sus actuaciones. Así lo indicó el Consejo de Estado, al declarar competente a la Contraloría para determinar la responsabilidad fiscal de uno de los miembros del comité de inversiones del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), quien recomendó invertir en la compañía ARFIN S. A., sociedad que estaba en malas condiciones financieras. Según el miembro del comité, la capitalización y los resultados de ella daban cuenta de la confiabilidad en la inversión. Sin embargo, para el alto tribunal, la capitalización se produjo en cumplimiento de una medida previa tendiente a evitar la intervención, por lo que demostraba el riesgo de detrimento patrimonial al hacer inversiones en una entidad que estaba a punto de ser sujeto pasivo de intervención y la negligencia de quien tomó esa decisión (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno).