La Procuraduría considera que el alcalde Gustavo Petro, pudo incurrir en una falta disciplinaria al adoptar, por medio del Decreto 364 del 2013, el nuevo plan de ordenamiento territorial (POT) de Bogotá; esto pese a que el Concejo Distrital había aprobado la ponencia negativa con la cual se había presentado el proyecto de acuerdo ante la corporación. Según el Ministerio Público, el alcalde hizo uso de una competencia exclusiva del cabildo, relacionada con el uso del suelo en los entes territoriales, lo cual, a su juicio, fue corroborado por el auto de suspensión provisional que emitió el Consejo de Estado frente a la aplicabilidad del decreto. Provisionalmente, la actuación del mandatario local fue calificada como grave, a título de dolo, en tanto conocía del exceso que estaba cometiendo.