Por consenso, la Sala Plena de la Corte Constitucional, por medio de un comunicado sobre la Sentencia C-724 del 2015, anunció la decisión de exequibilidad del Decreto 1821 del 2015, que amplió la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y mejorar las condiciones vida de la población cubierta por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica a raíz del diferendo con Venezuela. Según las consideraciones de la Corte, la flexibilidad y ampliación de los recursos provenientes del impuesto sobre las ventas, de la equidad – Cree y del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) constituyen medidas que guardan conexidad con el Estado de emergencia decretado en la zona fronteriza. Igualmente, superan el juicio de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que debe tener toda medida de excepción, según la normatividad consagrada en la Constitución Política.