Recientemente fue admitida una acción pública de inconstitucionalidad del concejal Diego Molano, la cual pretende la declaratoria de inexequibilidad de varias disposiciones y expresiones de las leyes 1779 del 2016 y 160 de 1994, así como del Decreto 1777 de 1996. Vale la pena indicar que estas normativas establecen, principalmente, que el Gobierno tiene la facultad para ubicar temporalmente a miembros de organizaciones al margen de la ley en zonas del territorio nacional, en el marco de un proceso de paz. Según el concepto de Molano, los diferentes factores que deben ser regulados por los componentes rurales de los planes de ordenamiento territorial se verían afectados con el establecimiento de dichas zonas, por cuanto se quebrantarían los principios de descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales, “por lo cual es imperativo que los concejos municipales sean quienes decidan sobre el establecimiento de estos lugares, con el fin de que puedan se regulados, si es el caso, a través del respectivo plan de ordenamiento territorial”, finalizó.