El Consejo de Estado aclaró que los efectos de la inconstitucionalidad del Código Minero (Ley 1382 del 2010) solo pueden cobijar las situaciones posteriores al 13 de mayo del 2013. Ello porque el fallo solo tiene efectos dos años después de producido. Bajo esa perspectiva, negó la suspensión de los actos por medio de los cuales el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Minería rechazaron un contrato de concesión para explotación del subsuelo. En su criterio, la inexequibilidad del Código no dejaba sin vigencia las exigencias allí contenidas, ya que la fecha en la cual se rechazó la concesión fue previa a la entrada en vigencia del fallo de la Corte Constitucional (C. P. Jaime Orlando Santofimio).