Fijar experiencia relacionada como requisito para acceder a un empleo público no constituye tratamiento irracional, desigual ni discriminatorio, explicó el Consejo de Estado. A juicio del alto tribunal, la experiencia exigida se puede adquirir desarrollando labores o actividades que no necesariamente se originan en el desempeño de cargos en el sector oficial, porque esta experiencia se predica del arte y de la profesión. Este factor es un elemento trascendental para el eficiente y eficaz desempeño de la administración pública, agrego la corporación. Con estos argumentos la Sección Segunda negó la solicitud de nulidad presentada contra los decretos 2772 del 2005 y 4476 del 2007 de la Presidencia de la República (C.P. Víctor Hernando Alvarado Árdila).