El Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sanción de suspensión del ejercicio profesional impuesta a un abogado litigante que exigió dinero para gastos o expensas irreales a su mandatario. En opinión de la Sala Disciplinaria, esta conducta constituye falta a la honradez, prevista en los numerales 3º y 5º del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007. María Mercedes López salvó el voto al considerar que los hechos se estructuraron de manera muy precaria y Julia Emma Garzón presentó aclaración al advertir que se debía decretar la prescripción de la falta (M. P. Angelino Lizcano Rivera).