Se instauró una acción constitucional ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pretende la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes de los distritos judiciales de Bogotá y Pasto. A juicio del demandante, el cierre de los juzgados civiles y de familia, motivado por el acuerdo 10445 del 2015 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vulnera gravemente la continuidad en el servicio de justicia. En especial, la demanda cuestiona que el cierre de los juzgados de familia afecta el derecho de los alimentos de menores de edad, que en muchos casos son pagados por títulos judiciales de los procesos que cursan en aquellos. Como sustento de su petición, el accionante resaltó lo dicho en providencias judiciales que trataron el tema, en las cuales se afirmó, entre otras, que funcionarios y empleados de la Rama Judicial, al ser su vinculación reglamentaria y prestar un servicio público esencial, no pueden declarar la huelga.