Todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y los órganos autónomos e independientes deberán reportar y/o actualizar la información general, técnica, administrativa y jurídica de sus activos fijos inmobiliarios, incluidos los entregados de entidades en liquidación y estén afectos al pasivo pensional, al Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA). Así lo acaba de precisar el Gobierno, al modificar el Decreto 3297 del 2009, que facultó a la Central de Inversiones S. A. (Cisa) para administrar el Programa de Gestión de Activos Públicos (Proga) y normalizar o monetizar los activos inmobiliarios que reciba en desarrollo de dicho programa. El nuevo decreto, además, amplió los plazos para reportar y/o actualizar dicha información y precisó aspectos relacionados con la adopción e implementación de los planes de enajenación onerosa por parte de las entidades públicas.