Así lo enfatizó la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de recordar la obligación de la administración pública de garantizar la integridad sicofísica del aspirante al momento de su ingreso a prestar el servicio militar obligatorio, pues se trata de una persona que se encuentra bajo su protección y cuidado, por ende, lo hace patrimonialmente responsable de los posibles daños que pudiera sufrir mientras permanezca a su cargo. El pronunciamiento se dio luego que el alto tribunal analizara una acción de reparación directa que se fundamentó en la falla del servició de reclutamiento al no realizar con riguroso cuidado los exámenes de ingreso, como lo establece la Ley 48 de 1993 , que le ocasionó al accionante prejuicios irremediables a su salud al no ser descubierta a tiempo una enfermedad siquiátrica y que se agravarían con ocasión de su incorporación (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).