Con la sanción de la Ley 1642, el Presidente de la República tiene seis meses para modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo, así como para determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los diferentes empleos. Para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios que trabajan actualmente en dicha entidad, el Ejecutivo tendrá que reubicar a quienes se les supriman o modifiquen los cargos. Por último, se crea una comisión de seguimiento al uso de las facultades conferidas en esta ley, instancia que se será integrada por dos representantes y dos senadores de las comisiones primeras del Congreso de la República.