Aunque la acción de tutela procede como mecanismo transitorio contra los actos administrativos particulares que imposibilitan la continuación en un concurso de méritos de una entidad pública, cuando el mecanismo ordinario es ineficaz, solo prospera si se acreditan amenazas o vulneraciones a los derechos fundamentales. Así lo señaló el Consejo de Estado en reciente tutela en la que negó el amparo del derecho de acceso a la administración de justicia de una persona que no pudo continuar con el proceso para proveer un cargo en la Agencia Presidencial para la Acción Social, porque no cumplió con los requisitos de experiencia profesional exigida. La sala señaló que no se demostró la vulneración de ningún derecho fundamental (C. P. Susana Buitrago de Valencia).