La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema señaló que resulta “perfectamente lícito” que las empresas industriales y comerciales del Estado dispongan, de manera excepcional en sus estatutos, cuáles cargos deben ser desempeñados por empleados públicos, de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 3135 de 1968. A su juicio, esta determinación debe obedecer al grado de confianza superior que se supone en todo servidor público y también un grado más alto de dirección que le permita el cumplimiento cabal de sus objetivos (M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve).