La Superintendencia de Servicios Públicos precisó que las mayores sanciones fueron para las empresas de energía y gas ($ 8.552 millones) y las de acueducto, alcantarillado y aseo ($ 4.940 millones). Por silencio administrativo positivo, las empresas fueron sancionadas por $ 1.292 millones. De acuerdo con la entidad, se resolvieron 123 investigaciones contra prestadores de energía y gas, en su mayoría, por la calidad en la prestación de estos servicios, incumplimiento de las obligaciones con el mercado de energía mayorista, violación de la regulación vigente e incumplimiento del reporte y calidad de la información al sistema único de información.