La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió amparar el derecho fundamental a la vida e integridad personal de un miembro de la junta directiva de un sindicato por considerar que desmontar las medidas de protección mientras culmina la evaluación del riesgo, aun cuando es posible que se materialice, pone en peligro su vida. A juicio del alto tribunal, las medidas de prevención no son idóneas en caso de que se trate de un verdadero riesgo extraordinario o extremo y para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por ello, concluyó como necesario restablecer el esquema de seguridad que tenía asignado, hasta que culmine el proceso de evaluación del riesgo en trámite (C. P. Mauricio Torres Cuervo).