El Consejo de Estado concluyó que el juez de tutela debe valorar los derechos sexuales como una garantía autónoma e independiente a ser protegida, si bien esta podría repercutir en otras como la salud, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. En su criterio, es necesario independizarlos de los reproductivos, pues mientras los primeros se relacionan con la libre autodeterminación y su goce contribuye a la salud mental, física y social, los segundos están ligados a la concepción en torno a cómo la persona desea conformar su núcleo familiar, con hijos o sin ellos; estos últimos, dice, no constituyen una necesidad del ser, como sí lo son los derechos sexuales. Con estos argumentos, la Sala ordenó a la Unidad de Sanidad del Ejército garantizar el tratamiento médico que sea más eficaz para solucionar los problemas de disfunción eréctil que afectan a un soldado que perdió la movilidad de sus miembros inferiores y el control de esfínteres, por un atentado de las Farc. También ordenó suministrarle pañales y que se reúna la respectiva junta médica en la que se determine la pérdida de la capacidad laboral que sufrió el accionante (C. P. Gustavo Gómez).