Al concluir que en la demanda a la Ley Antidiscriminación no se logró demostrar por qué la disposición criminaliza el ejercicio de varias libertades fundamentales, la Corte Constitucional se declaró inhibida de dictar un veredicto al respecto de su exequibilidad (Ley 1482 de 2011). Para el alto tribunal, el accionante le da a las disposiciones una dimensión que no tiene, pues no se evidencia en ellas violación del principio de legalidad, ni del derecho a la libertad de conciencia, de religión y de expresión. Los magistrados Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt, salvaron el voto, por considerar que la demanda reunía los requisitos para adelantar el examen de fondo (M. P. Luis Guillermo Guerrero).