El Consejo de Estado señaló que la obligación de la fuerza pública de defender la vida y honra de los ciudadanos también debe extenderse hacia quienes sean catalogados como delincuentes. De ahí que la fuerza deba ser el último instrumento al que deba acudir para repeler delitos o agresiones. En estos casos, aclara, la responsabilidad extracontractual de la administración, en calidad de falla del servicio por uso excesivo de fuerza, solo puede surgir de una ponderación exhaustiva de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en la actuación coercitiva. Bajo esta perspectiva, la Sala ordenó reparar a los familiares de un hombre que murió por un disparo de un policía, a pesar de que se encontraba desarmado (C. P. Jaime Orlando Santofimio).