Un grupo de defensores de derechos humanos presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9º, parcial; 10, parcial, y los capítulos IV (artículos 123 al 127) y VI (artículos 130 y 131) del Título IV de la Ley 1448 del 2011, más conocida como Ley de Víctimas. Las normas acusadas prevén medidas transicionales, condenas en subsidiariedad, disposiciones sobre restitución en viviendas, planes de empleo y capacitación en materia urbana y rural y el derecho preferencial de acceso a la carrera administrativa. De acuerdo con los demandantes, las medidas previstas en estos artículos a favor de las víctimas son acciones afirmativas que integran la política social general, pero no tienen ninguna relación con el deber de reparación que recae sobre el Estado y sus victimarios (demandantes: Luis Jorge Garay Salamanca, Fernando Barberi Gómez, Clara Leonor Ramírez, Fernando Vargas y otros).