"La Procuraduría General de la Nación le pidió ayer a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en dos días presente un informe de las acciones adoptadas para evitar que la ciudad se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica por la situación que se viene presentando con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá. El procurador Fernando Carrillo Flórez instó a la alcaldía a brindar respuestas concretas sobre lo que se ha estado haciendo ""para reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras, lo cual, a su vez, está generando alteración de la calidad del aire, del suelo y grandes situaciones sociales y de orden público"". Para el ente de control, la declaratoria de 'Emergencia  sanitaria y el estado de prevención ambiental o alerta amarilla en Bogotá', Decreto 069 del 2018, no exime de responsabilidad al Distrito Capital para garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar la ""proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias y posibles afectaciones de los ecosistemas"". Encuentre en el documento adjunto las demás consideraciones que se tuvieron en cuenta. "