Teniendo en cuenta que aun no se cuenta con una red de prestadores que permita garantizar una adecuada prestación del servicio público de empleo, el Ministerio del Trabajo prorrogó, hasta el 31 de octubre de este año, el plazo para que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades de colocación de empleo o de intermediación laboral acrediten los requisitos definidos en el Decreto 722, para ser autorizados como prestadores de este servicio.