La reforma a la Sala Penal que promueve el Fiscal General en el Congreso se configuraría a través de un modelo que establece diferenciación precisa entre las etapas de investigación y juzgamiento de primera y segunda instancia. Según el mecanismo propuesto, se incluirían seis magistrados más, que integrarían la Sala Penal, sin asiento en el plenario de la corporación: dos dedicados exclusivamente a la etapa de instrucción y los cuatro restantes al juzgamiento de primer grado. Así, serían los nueve magistrados de la Sala, que sí integran el plenario de la Corte Suprema, quienes harían las veces de tribunal de apelaciones.