A raíz de la polémica por las declaraciones de la congresista María Fernanda Cabal en torno al encuentro de víctimas de las FARC en La Habana (Cuba), el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que le solicitará a la Corte Suprema de Justicia que establezca límites a las actuaciones de los ciudadanos en las redes sociales. A su juicio, se debe precisar desde el punto de vista penal hasta dónde la libre expresión de los ciudadanos en esos escenarios constituye una opinión y hasta qué punto se convierte en un instrumento para exponer a otras personas. El debate se inició luego de que Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por la guerrilla, dijo haber recibido amenazas y hostigamientos tras el ‘trino’ en el que la representante a la Cámara cuestionara su actitud, esto dio lugar a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, organismo que no solo compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que indagara sobre la supuesta responsabilidad penal de la parlamentaria, sino que anunció la apertura de una investigación indeterminada por los presuntos casos de injuria y calumnia que podrían haberse presentado en el cruce de señalamientos que se dieron en la red social Twitter.