Al recordar que las demandas contra reformas constitucionales por competencia no pueden plantear un juicio material no contemplado en la Carta Política, la Corte Constitucional se declaró inhibida de analizar la acción contra la disposición que permite a las víctimas ejercer la acción penal (Acto Legislativo 6 del 2011). Señaló que los demandantes plantean una sustitución de la Constitución basados en argumentos que no logran demostrar cuáles son los elementos que hacen que la reforma no se acoja a los parámetros del texto superior. Los magistrados Mauricio González y Alberto Rojas salvaron el voto, por considerar que sí procedía examinar la norma de fondo (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).