Al ordenar incluir a nuevos beneficiarios en el censo de afectados con la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, la Corte Constitucional determinó que es desproporcionado exigir que los destinatarios de estos mecanismos de resarcimiento acrediten su afectación en un término definido. Así las cosas, los responsables de los megaproyectos no pueden ampararse en el estado avanzado de las obras para negarse a reconocer como afectados a grupos que no se registraron como tal durante los procesos previos, como el otorgamiento de la licencia ambiental. La providencia, notificada el pasado 5 de febrero, sostiene que esta afectación puede surgir paulatinamente, luego es válida la inclusión de nuevos beneficiarios en el censo, proceso que, insiste, no puede ser cerrado y concluido. Al comprobar que pescadores artesanales, paleros, transportadores de carga y maestros de construcción que habitan el área de influencia del proyecto que no fueron incluidos en el censo están afectados en sus derechos al mínimo vital, a la vivienda digna, al trabajo y a la seguridad alimentaria, la Corte ordenó incluirlos en la lista de beneficiarios de la Resolución 899 del 2000, expedida por el Ministerio de Ambiente (M. P. Jorge Iván Palacio).