Según un informe realizado por la Contraloría General de la República, de 52 páginas, a pesar de los $ 11 billones destinados al cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, pasada una década de su aplicación, “los resultados son precarios y dejan en duda el logro de los objetivos de verdad, justicia y reparación integral”. Se concluyó que se profirieron tan solo 47 sentencias que condenaron a 195 postulados, lo que equivale a un 8,2 % de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial. Pero también que las indemnizaciones ordenadas para las víctimas fueron sufragadas, casi en su totalidad, con recursos del presupuesto general de la Nación, “lo que denota el incumplimiento de los beneficiarios, que tenían como compromiso devolver los bienes usurpados”. En el documento adjunto a esta nota se puede encontrar el informe completo.