El Consejo de Estado reiteró que cuando a la administración pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, esta asume la posición de garante en relación con la víctima. Por tal razón, la Sección Tercera declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación por el desplazamiento de varias familias de la hacienda Bellacruz, municipios de Pelaya, la Gloria y Tamalameque (Cesar). A juicio de la sala, cuando el Ejército Nacional tuvo conocimiento de la situación de peligro en que estaban los campesinos ocupantes del predio asumió posición de garante frente a la integridad de tales personas, y aunque el desplazamiento fue generado por un tercero, en este caso grupos paramilitares, el daño antijurídico es atribuible a la administración, por el desconocimiento del deber de protección y cuidado. Según se estableció, los campesinos informaron del plazo de cinco días establecido por los grupos armados para abandonar el lugar, y aún así no se encontró protección por parte de la fuerza pública. Además, la persecución posterior al desplazamiento tuvo como resultado la muerte de varias personas (C. P. Mauricio Fajardo).