El Consejo de Estado determinó que considerar el terrorismo como hecho exclusivo de un tercero, frente a los nexos causalidad, sería tanto como condenar a la impotencia a la población. Lo anterior, apunta, dado que el administrador tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus asociados; “(…) sería utópico pretender que los ciudadanos tienen el deber de soportar las cargas que su ocurrencia implica”, sostuvo la corporación, refiriéndose a la ocurrencia de atentados que afectan a la sociedad en su conjunto. Con estos argumentos, la Sala declaró a la Nación como patrimonialmente responsable del daño antijurídico ocasionado a una congregación religiosa perteneciente a la comunidad de la Madre Laura, tras la destrucción del convento que originaron guerrilleros de las Farc en un ataque perpetrado en Caldono (Cauca), en 1999 (C.P. Enrique Gil Botero).