El Consejo de Estado recordó que la ocupación permanente de predios y daños que de ella se puedan generar a partir de la ejecución de contratos estatales deben ser reparados por la administración. Recordó que las autoridades públicas tienen la misión constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes, que la utilización de ellos para los fines del Estado no puede ser producto de la ocupación por vías de hecho sino de su adquisición por enajenación voluntaria o expropiación. Con estos argumentos condenó al IDU por incurrir en un exceso como este en contra de los propietarios de unos bienes que sufrieron daños en la ejecución de la obra de construcción de la Avenida Ciudad de Cali, en Bogotá (C. P. Carlos Alberto Zambrano).