La Sección Segunda estableció que de la información del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre estos trámites se evidencia “la poca y ninguna relación de claridad en el adelantamiento del proceso de chatarrización”. Sostuvo que si bien no es posible concluir que no se ha gestionado el cobro de cauciones alternativas, como los sostiene el demandante, sí es claro que han surgido actuaciones tendientes a evadir el cumplimiento de políticas de modernización del parque automotor de carga en el país. En criterio de la Sala, esta falta de actuación amenaza derechos colectivos como: la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, entre otros (C. P. Gustavo Gómez).