El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 1351 del 2012, mediante el cual el Ministerio del Interior convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para el hundimiento del proyecto de reforma constitucional a la justicia (P. A. L. 007/11S-009/11S-011/11S-012/11S-013/11S-143/11C). En la norma, el Gobierno objetaba el contenido del acto legislativo, que se abstuvo de promulgar por esos mismos vicios de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional ya había rechazado su competencia para pronunciarse alrededor de este decreto, pese a tener la posibilidad de hacerlo, si la actuación administrativa hiciera parte integral de una labor legislativa. Esa misma corporación recordó entonces que, en materia de control de constitucionalidad, la facultad se comparte con el Consejo de Estado (C. P. Guillermo Vargas).