Ecopetrol fue condenado a pagar más de $ 1.000 millones por generar riesgo excepcional a la población de Albán (Cundinamarca) en el ataque perpetrado por las Farc al poliducto Puerto Salgar – Facatativá, el 17 de marzo de 1991. “A pesar de que no se configura en este caso una falla del servicio, corresponde a Ecopetrol la reparación de los daños sufridos por la sociedad Fierro Ávila y Cía. Ello en razón a que el daño reviste el carácter de antijurídico y es imputable jurídicamente a la administración, porque estuvo dirigido contra un objetivo claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno, y supuso la materialización de un riesgo de naturaleza excepcional, creado conscientemente por Ecopetrol para el desarrollo de su objeto social”, dice la providencia. La Sección Tercera señaló que el factor de riesgo excepcional al que se alude como argumento para imputar el daño antijurídico a la Nación se deriva del paso del poliducto atacado por algunas zonas rurales de la población y la sociedad agraria afectadas (C. P. Danilo Rojas Betancourth).