Con esta propuesta el Gobierno pretende fortalecer la política penitenciaria y carcelaria (8:23 a.m.)

El Ministerio de Justicia radicó un proyecto de ley que consta de 59 artículos, con el cual modificaría la Ley 1709 del 2014, algunas disposiciones del Código Penal (Ley 599 del 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), el Código Penitenciario y Carcelario  y la Ley 1121 del 2006. La propuesta recoge los principales problemas que se presentan en distintas áreas de la política penitenciaria y dentro del sistema correspondiente, abarcando los siguientes aspectos: (i) armonización de las medidas alternativas al encarcelamiento, con lo que se pretende regular de una manera más racional el acceso a los beneficios judiciales de las personas privadas de la libertad; (ii) regulación del certificado de disponibilidad carcelaria e implementación de la regla de equilibrio decreciente, según lo ha ordenado la Corte Constitucional; (iii) sistema de atención en salud para las personas privadas de la libertad, que persigue suprimir las trabas que ha presentado el sistema para brindar un adecuado servicio de salud a las personas privadas de la libertad; (iv) fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal, con el fin de facilitar su funcionamiento y su injerencia en la política pública de atención a las personas bajo custodia del Estado; (v) territorialización de la política penitenciaria, con lo cual se pretende comprometer a los entes territoriales a asumir sus obligaciones respecto del sistema, en particular respecto de las personas bajo detención preventiva. Por ejemplo, con la propuesta, el ministerio busca reformar los requisitos para conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, para acceder al beneficio se tendrían que cumplir requisitos tales como que la sentencia se imponga por pena menor o igual a 10 años de prisión, que no se trate delitos de lesa humanidad o contra la administración pública, entre otros. Consulte la propuesta en el documento adjunto a la presente nota.