En el caso concreto, el alto tribunal sancionó a un juez por 18 años, pues levantó la medida de aseguramiento de un alcalde que había cometido peculado por apropiación, bajo el argumento de que el acusado, al ya no tener el cargo popular, no constituía un peligro. Para la Sala, la conducta del juez puede adecuarse inclusive dentro del delito de prevaricato por acción. La sentencia recordó que cuando en ejercicio de la función judicial los jueces y magistrados interpretan normas jurídicas, dicha interpretación debe resultar razonable o plausible para estar dentro de la órbita de la autonomía e independencia judicial. Sin embargo, expuso, en situaciones verdaderamente excepcionales, en las que la discrecionalidad judicial se transforme en arbitrariedad o se emitan decisiones que desatiendan o contraríen textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable, es cuando la autoridad disciplinaria entra a cuestionar esos contenidos (M.P. María Mercedes López).