Sobre el histórico anuncio del Gobierno y las Farc acerca del cese al fuego bilateral y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, señaló que desde el principio de las negociaciones ha hecho duras advertencias para defender el ordenamiento jurídico y velar por los derechos de las víctimas. Sostuvo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le ha dado todo tipo de garantías a los acuerdos que ha logrado con las Farc, “al punto de convertir la mesa de negociaciones de La Habana en una constituyente, nadie los eligió, ni les otorgó ese poder”. Para el alto funcionario, el acuerdo sobre dejación de armas y de las zonas veredales transitorias “es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las Farc se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva”. Así las cosas, la Procuraduría solicitó formalmente al Gobierno que corrija los términos del acuerdo presentado el  pasado 23 de junio, con el fin  de asegurar que realmente  las Farc desaparecerán como organización armada. Finalmente, dijo que existen otras preocupaciones sobre el acuerdo que serán expuestas posteriormente, especialmente “respecto a las zonas de ubicación transitorias, los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas”.