Con estos argumentos, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1721 del 2014. Para la corporación, la disposición cumple con las exigencias relativas a la expedición de tratados con otros Estados y con organismos internacionales. Además, dijo, no se opone a principios constitucionales relativos a la integración económica, ni genera para Colombia compromisos u obligaciones lesivos a los intereses de nuestro Estado; al contrario, dice, el convenio se enmarca dentro de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que impone la Constitución. Del convenio, cabe recordar, también hacen parte México, Chile y Perú. Las magistradas Gloria Stella Ortiz y María Victoria Calle dejaron abierta la posibilidad de aclarar sus votos (M. P. Martha Sáchica).