Para el Consejo de Estado, la reparación moral por privación injusta de la libertad en favor de políticos a quienes no se les prueban nexos con grupos armados organizados puede ser mayor a la que normalmente reconoce la jurisprudencia. Lo anterior porque se entiende que quien ocupe cargos de esa naturaleza sufre una afectación del entorno personal y del buen nombre no solo en los círculos sociales que le son más próximos, sino en el ámbito político, concluyó la Sala. Al demandante, quien había sido investigado, detenido y absuelto por rebelión y homicidio en su condición de alcalde, no solo se le reconoció una cifra mayor de resarcimiento moral, pues la providencia también ordena a la Fiscalía que difunda a través de distintos medios los detalles más importantes de las sentencias penales absolutorias (C. P. Danilo Rojas).